Señalan a diputado Román Cortés por presuntos actos anticipados de campaña en Atizapán
El diputado local Román Cortés enfrenta cuestionamientos tras distribuir insumos básicos y propaganda partidista en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El diputado local Román Cortés se encuentra bajo escrutinio público tras realizar entregas de conos de huevo y ejemplares de un periódico político en diversas colonias del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Vecinos de la zona reportaron que el legislador de Morena distribuyó los productos alimenticios directamente en las calles, acompañando el obsequio con materiales informativos sobre la plataforma de su partido político, lo cual ha generado denuncias por parte de sectores opositores bajo la presunción de actos anticipados de campaña.
La normativa electoral vigente en México establece restricciones estrictas sobre la promoción personalizada de funcionarios públicos y el uso de recursos que puedan influir en la equidad de las contiendas. Integrantes de diversas fuerzas políticas en la entidad han señalado que estas acciones podrían constituir una violación a los principios de imparcialidad, al considerar que la entrega de bienes materiales con fines de proselitismo ocurre fuera de los tiempos oficiales marcados por el Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, el equipo de comunicación del legislador ha argumentado que las actividades forman parte de una agenda de cercanía con la ciudadanía y de apoyo social ante las necesidades económicas que enfrentan los habitantes de la demarcación. Según voceros cercanos al diputado, estas visitas responden a la intención de mantener un vínculo directo con los residentes de Atizapán, sin que esto represente, a su juicio, un llamado al voto o una promoción indebida de su imagen personal.
Ante este escenario, se espera que las autoridades electorales locales analicen si los hechos denunciados ameritan el inicio de un procedimiento sancionador. La legislación electoral mexicana contempla mecanismos para investigar posibles infracciones relacionadas con el uso indebido de recursos y la promoción anticipada, proceso en el cual se deberán presentar pruebas que determinen si existió una intención electoral clara o si se trató de una labor de gestión social dentro de las facultades del cargo.
Este incidente se suma a otros debates recientes sobre el actuar de los representantes populares en el Estado de México, un territorio clave en el mapa político nacional. Mientras la controversia avanza, diversos colectivos ciudadanos han solicitado una mayor fiscalización sobre los recursos utilizados en este tipo de jornadas, demandando que el proceso electoral se desarrolle bajo condiciones de transparencia y respeto a la ley.


