Juez federal declara inconstitucional la reforma al Poder Judicial de 2024
Un juzgado de distrito invalidó aspectos centrales de la reforma judicial, argumentando irregularidades en el procedimiento legislativo y riesgos a la independencia judicial.
Un juez de Distrito emitió este martes un fallo que declara inconstitucional diversos puntos de la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024. La resolución sostiene que el proceso legislativo que dio origen a la modificación constitucional presentó irregularidades graves, además de cuestionar la implementación de la elección popular de jueces y magistrados al considerar que contraviene principios fundamentales de autonomía y carrera judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró la sentencia, calificándola como un precedente histórico para la protección de la división de poderes en México. A través de un posicionamiento institucional, la agrupación señaló que el fallo subraya la importancia de mantener los mecanismos de acceso a la judicatura basados en el mérito profesional y no en procesos de designación de carácter político.
El documento judicial argumenta que la elección de juzgadores por voto popular excede los alcances previstos por el marco constitucional, al comprometer la imparcialidad necesaria para resolver conflictos legales. Según el criterio del juez, la reforma altera el equilibrio orgánico entre los poderes de la Unión al otorgar facultades de control sobre la judicatura que podrían vulnerar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional en todo el país.
Tras la emisión de esta sentencia, se prevé que el caso sea atraído por instancias superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la trascendencia del tema en el sistema jurídico mexicano. Mientras tanto, la resolución abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre la aplicación de las modificaciones a la estructura del Poder Judicial y los plazos para su implementación operativa.
Especialistas en derecho constitucional advierten que este fallo marca el inicio de una etapa de litigios estratégicos que pondrán a prueba la solidez del sistema de justicia frente a las recientes reformas. Por su parte, los actores involucrados en el proceso legislativo han indicado que defenderán la validez de los cambios constitucionales ante los tribunales correspondientes, manteniendo el debate jurídico como eje central de la discusión pública actual.
