Familia Oropeza denuncia extorsión y pérdida de expedientes en despojo inmobiliario
La familia Oropeza enfrenta un complejo proceso legal tras el despojo de un terreno de 5.3 hectáreas en Insurgentes Sur, acusando irregularidades y solicitudes de dinero en fiscalías.

La familia Oropeza, propietaria de un predio de 5.3 hectáreas ubicado en una zona estratégica de Insurgentes Sur, enfrenta un tortuoso proceso legal tras ser despojada de su patrimonio. Los afectados han denunciado ante diversas instancias que, durante el desarrollo de su carpeta de investigación, han sufrido la desaparición inexplicable de documentos clave, lo que ha detenido el avance de la justicia y mantenido el conflicto en un limbo jurídico por tiempo indefinido.
De acuerdo con los testimonios recabados, el calvario comenzó cuando terceros tomaron posesión del terreno de manera irregular. Al intentar recuperar la propiedad por las vías institucionales, los denunciantes aseguran haber sido contactados por personas que, valiéndose de su supuesta influencia en fiscalías especializadas, les han sugerido realizar pagos millonarios para agilizar la devolución de las tierras y evitar que el expediente continúe perdiéndose en el archivo de la institución.
El caso ha encendido las alarmas sobre la seguridad jurídica en la capital mexicana, donde los conflictos por la tenencia de la tierra suelen derivar en procesos prolongados. Los abogados de la familia han señalado que, ante la falta de resultados claros por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, se han visto obligados a buscar mecanismos de amparo para proteger lo que consideran un despojo flagrante, cuestionando la integridad de los funcionarios involucrados en el manejo de la carpeta.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la desaparición de los expedientes denunciada por la familia. Los afectados mantienen la exigencia de una investigación interna que esclarezca la actuación de los servidores públicos responsables del caso, advirtiendo que el costo de la impunidad no solo afecta su patrimonio familiar, sino que sienta un precedente preocupante para otros propietarios en la misma zona de la Ciudad de México.


