Mapfre estima pérdidas por 25 millones de euros tras sismos en Venezuela
La aseguradora española Mapfre calcula un impacto financiero de hasta 25 millones de euros tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

La compañía aseguradora Mapfre ha comunicado que las pérdidas económicas derivadas de los movimientos telúricos ocurridos el pasado 24 de junio en territorio venezolano ascienden a un máximo estimado de 25 millones de euros. Este cálculo se basa en las evaluaciones técnicas realizadas por la entidad en las zonas afectadas, donde la infraestructura sufrió daños de diversa consideración tras la actividad sísmica registrada hace un mes.
La firma precisó que este monto representa el impacto bruto previsto para la aseguradora, considerando las pólizas de daños y bienes que fueron activadas tras el desastre natural. El reporte técnico subraya que los equipos de peritaje continúan trabajando en el terreno para determinar el alcance total de los siniestros reportados por los asegurados en los estados donde el impacto fue más significativo.
Aunque la cifra se sitúa en el tope de su estimación inicial, la empresa ha señalado que cuenta con mecanismos de reaseguro para mitigar la afectación directa en sus resultados financieros globales. Este tipo de eventos naturales suelen activar protocolos de contingencia inmediatos en el sector asegurador internacional, permitiendo una gestión más eficiente del flujo de recursos destinados a la reconstrucción y reparación de los bienes protegidos.
Desde el sector financiero se observa con atención cómo estos fenómenos impactan en las carteras de las grandes aseguradoras que operan en Latinoamérica. La gestión de riesgos ante desastres naturales es un componente central de la estabilidad operativa para las instituciones que mantienen presencia en regiones con alta actividad sísmica, como es el caso de Venezuela y diversos puntos de la geografía mexicana.
La aseguradora ha reiterado que seguirá colaborando con los gobiernos locales y los organismos de protección civil en las zonas afectadas para facilitar el proceso de reclamaciones. El objetivo es acelerar la atención a los usuarios y garantizar la operatividad de los servicios esenciales que cuentan con cobertura frente a riesgos catastróficos.


