FGR investiga a Ángel Aguirre por destrucción de grabaciones de Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó este viernes 7 de agosto de 2026 nuevos actos de investigación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en la destrucción de grabaciones fundamentales para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Según los informes presentados por el Ministerio Público Federal, existen elementos que sugieren una actuación deliberada para ocultar información que habría sido crucial para determinar el destino de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

Esta diligencia responde a una exigencia histórica de las familias de los jóvenes, quienes durante años han señalado la existencia de una red de complicidades dentro de las estructuras estatales para obstruir la justicia. La investigación se centra en la desaparición selectiva de archivos audiovisuales que habrían documentado los movimientos de diversas corporaciones de seguridad durante la noche de los hechos en Iguala, elementos que hoy son piezas clave en la nueva narrativa judicial que impulsa la Fiscalía.

El avance en la carpeta de investigación detalla que los actos de obstrucción habrían sido coordinados desde niveles directivos del gobierno estatal en aquel periodo. La FGR sostiene que la evidencia técnica recuperada recientemente permitió identificar la manipulación intencionada de los sistemas de videovigilancia y comunicación, los cuales fueron borrados o alterados para limitar el alcance de las pesquisas iniciales realizadas por las autoridades federales.

Por su parte, los representantes legales de las familias de Ayotzinapa han manifestado que esta acción de la FGR es un paso necesario para romper con la impunidad que ha rodeado el caso durante más de una década. Insisten en que la justicia no podrá ser completa mientras los responsables intelectuales y aquellos que participaron en el encubrimiento de los hechos no enfrenten un proceso judicial transparente ante los tribunales correspondientes.

El Poder Judicial tendrá ahora la responsabilidad de evaluar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público para determinar si existen causas suficientes para proceder con las imputaciones formales. La sociedad civil y los colectivos de derechos humanos mantienen una vigilancia estrecha sobre este proceso, subrayando que la resolución de este caso sigue siendo una de las deudas más importantes del Estado mexicano en materia de justicia y verdad.