FGR confirma que Rafael Ojeda denunció red de contrabando de combustibles

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que las investigaciones sobre una red de contrabando de combustibles iniciaron a partir de una alerta presentada en 2024 por el almirante José Rafael Ojeda Durán. La información proporcionada por la Secretaría de Marina permitió a las autoridades ministeriales mapear la estructura operativa de este grupo delictivo, el cual evadía controles fiscales y de seguridad en diversas terminales portuarias del país.

El seguimiento de este caso derivó en la captura de Fernando Farías Laguna, señalado por las autoridades como un actor clave en la logística y distribución ilegal de hidrocarburos. Tras su detención, el imputado fue trasladado por elementos de seguridad bajo un fuerte dispositivo hasta las instalaciones de la fiscalía, donde se le procesa por delitos relacionados con el tráfico ilícito de combustibles y delincuencia organizada.

Ernestina Godoy, desde sus funciones en el equipo de transición y la estructura de justicia, ha señalado que la colaboración interinstitucional fue determinante para alcanzar este resultado. Según lo informado por la institución, la denuncia original permitió identificar patrones de evasión que afectaban directamente los ingresos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y ponían en riesgo la seguridad operativa en las zonas de influencia de la red.

El proceso judicial contra Farías Laguna continúa su curso bajo la supervisión de los jueces federales, quienes han determinado las medidas cautelares correspondientes. La FGR ha indicado que las líneas de investigación permanecen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de esta estructura criminal que operaba a través de diversas empresas fachada para introducir el combustible al mercado nacional.

Este operativo se enmarca en la estrategia actual de vigilancia en los puertos mexicanos, donde la Secretaría de Marina mantiene un rol activo en la supervisión de mercancías y combate al contrabando. Las autoridades han reiterado que la coordinación entre las fuerzas armadas y los órganos de procuración de justicia es fundamental para desarticular redes que vulneran la soberanía energética del país.