Empleados en Nayarit denuncian persecución legal tras exigir prestaciones laborales

Trabajadores sindicalizados del estado de Nayarit han denunciado en las últimas semanas una estrategia de presión administrativa y judicial por parte de la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Según señalan los afectados, la Fiscalía General del Estado ha iniciado carpetas de investigación contra diversos empleados que participaron en protestas públicas para exigir el cumplimiento de prestaciones laborales y pagos pendientes. Los acusados enfrentan cargos bajo el tipo penal de “apología del delito”, una figura jurídica que los trabajadores consideran utilizada de manera discrecional para inhibir el derecho a la libre manifestación.

La situación se agravó tras una serie de movilizaciones realizadas frente a edificios gubernamentales en Tepic, donde los empleados reclamaban la revisión de sus condiciones contractuales. Integrantes de las organizaciones laborales han señalado que, tras las protestas, varios trabajadores fueron notificados de su despido, mientras que otros han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público bajo acusaciones que vinculan sus demandas con supuestas alteraciones al orden público. Estas acciones han generado un ambiente de incertidumbre en diversas dependencias estatales, donde los empleados temen represalias similares por ejercer su derecho a la organización sindical.

Por su parte, los representantes legales de los trabajadores han manifestado que los procesos iniciados por la Fiscalía carecen de sustento jurídico sólido y responden a una intención de desarticular el movimiento gremial. Argumentan que la exigencia de prestaciones es un derecho constitucional y que la intervención de la procuración de justicia estatal en conflictos laborales de carácter administrativo constituye una irregularidad que vulnera el debido proceso. Los afectados han buscado la intervención de autoridades federales y organismos de defensa de derechos humanos para revisar la legalidad de los procedimientos en su contra.

La administración estatal, hasta el momento, ha mantenido que las acciones de la fiscalía se derivan de denuncias presentadas por afectaciones a terceros y posibles daños durante las jornadas de protesta. Sin embargo, los trabajadores sostienen que las manifestaciones han sido pacíficas y que el uso del sistema judicial es una herramienta de intimidación política. El conflicto permanece abierto, con la expectativa de que se establezca una mesa de diálogo que permita resolver los adeudos laborales sin que medie el uso de la fuerza pública o procesos penales contra los manifestantes.